Clausurada en la región la etapa de democracia burguesa estable

Brasil anuncia el nuevo tiempo

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La destitución en curso abre una etapa de inestabilidad regional. El PT quedó atrapado en los vicios del sistema político. Comienza una nueva fase de lucha de impacto internacional.

No es una crisis política más. Por la magnitud de la degradación política resumida en el proceso de impeachment , por el peso específico de Brasil en la región, por el hecho de ser el primer país que tras la oleada de dictaduras en el hemisferio recompuso un sistema de partidos políticos nuevos (PT y Psdb, flanqueados a distancia por los tradicionales) ahora derruidos, la desestabilización provocada por el juicio político y muy probable destitución de Dilma Rousseff inaugura un período de desestabilización crónica, cuya expansión afectará a toda América Latina y se hará sentir también en el proceso de constitución de bloques protagónicos del nuevo mundo pluripolar.

Nada nuevo hay en la insostenible corrupción evidenciada en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó el i mpeachment . El sistema político brasileño lleva años de creciente degradación. La sonora voz “fisiologismo” en portugués es indicativa de una completa tergiversación de nociones clave como Partidos, división de poderes, función legislativa… Quienes por estos días cantan loas a la justicia brasileña por su función punitiva o bien desconocen la realidad o simplemente descargan su odio contra el Partido dos Trabalhadores (PT), para ellos intruso en la institucionalidad capitalista. Esa degradación sistemática vino a completarse con la incorporación de al menos una parte del PT al juego de pases de un partido a otro, de negociaciones en base a prebendas o directamente dinero, de abandono de principios, programa y estrategia. Ahora estalla o, más precisamente, comienza la ignición de un estallido retardado cuya prolongación es imprevisible.

Ya antes de la votación del Senado, que deberá ratificar o negar la prosecución del impeachment a mediados de mayo, está claro para el poder establecido que el intento de reemplazar a Rousseff por su vice, Michel Temer, si acaso puede llevarse a cabo en el marco institucional, es inviable como solución política hasta el final del mandato.

Ante esa certeza, ya se impone la propuesta de adelantar las elecciones y tener un nuevo presidente electo en 90 días. Senadores de varios partidos propusieron una enmienda constitucional para que las elecciones presidenciales tengan lugar simultáneamente con los comicios municipales, previstos para octubre próximo. Si bien el apoyo en la Cámara es insuficiente para que prospere esta iniciativa, hay una fuerte demanda social para adelantar las elecciones a este año o el próximo. Dilma pareció avalar esa perspectiva: “De ninguna manera estoy contra las elecciones (anticipadas). No soy una persona apegada al cargo”. Aclaró sin embargo que deben darle el derecho a defenderse: “Debo eso a mis 54 millones de electores”, sentenció. Y agregó que, en caso de ser destituida, va a “luchar para que se realicen elecciones directas”. En el mismo sentido se pronunció Lula: “Acá en Brasil vamos a tener mucha lucha. Viviremos momentos de combate democrático”, advirtió en un seminario internacional organizado el 25 de abril en San Pablo.

Ése sería el contenido democrático principal de una movilización posterior a la eventual asunción de Temer. Y la razón por la cual buena parte del empresariado corrigió planes y apuntó al adelanto de comicios. Sectores estudiantiles, sindicales e importantes organizaciones como los movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de Trabajadores Sin Techo (Mtst) ya anticiparon que iniciarán un proceso de protestas sociales.

Hay un inconveniente: los primeros sondeos de opinión traen una sorpresa para los arquitectos del zarpazo: Lula encabeza la intención de voto en todos los sondeos (31% según Vox Populi y 21% según Datafolha), Marina Silva, ex PT, va en segundo lugar (23 y 19% respectivamente) y Aécio Neves la sigue con 20 y 17%. Otros sondeos indican que sólo un 8% respalda la opción de que asuma Temer.

A la vista de este panorama es que se reúnen los senadores para decidir la suerte de Dilma, mientras ésta y Lula aparecen empeñados ya en organizar la resistencia apelando a una consigna de hondas resonancias en Brasil: “¡¡Directas ya!!”.

Previsiones

Se comprende mejor ahora el viaje de Barack Obama a Argentina y la drástica rectificación estratégica que esto implicaba, al reemplazar Brasilia por Buenos Aires. Es conocida la frase con la que el ex secretario de Estado Henry Kissinger fundaba su línea de acción hacia la alianza con el gigante sureño: “Hacia donde vaya Brasil, irá América Latina”. Pues bien: Brasil va hacia la inestabilidad permanente. Washington necesita con urgencia un punto de apoyo para tender un eje capaz de afirmar otro equilibrio, opuesto al que mediante la línea de convergencia de las burguesías latinoamericanos acabó desde comienzos del nuevo siglo con su hegemonía regional. La fortaleza de ese nuevo punto de apoyo es otra cuestión. El Departamento de Estado no está en condiciones de elegir.

Sí pueden hacerlo los gobiernos del Alba y el conjunto de partidos y fuerzas sociales genuinas al afrontar la nueva situación regional creada por la salida anticipada de Rousseff del Palacio del Planalto, sea por consumación del impeachment , sea por elecciones anticipadas.

Para este potencial bloque alternativo regional se trata, claro está, de solidarizarse con la lucha democrática que, según todo indica, iniciará el PT a gran escala. El dilema es cómo conducir esa gran batalla estratégica.

No es un dato menor que, frente al manotazo derechista en Brasil, Unasur haya suspendido la reunión que debía realizar en Quito el 22 de abril y terminó en un encuentro de Cancilleres el día siguiente. Más elocuente aún es que la cancillería brasileña haya rechazado la propuesta del presidente ecuatoriano Rafael Correa para realizar esa reunión en Brasilia, un modo de resaltar aún más la solidaridad regional con Rousseff. Tal conducta, así como el silencio de la Celac, avalan la interpretación de que la señalada dinámica de convergencia tiende a invertirse. No es que Unasur y Celac desaparecerán. Ni mucho menos. Pero se debilitan y abren espacio a la ofensiva estadounidense para reposicionar a la OEA.

En cuanto al Mercosur, la ausencia de los cuatro presidentes invitados a Montevideo para celebrar el 25° aniversario del bloque dejó en soledad al anfitrión, Tabaré Vázquez. Argentina y Venezuela apenas enviaron a sus vicecancilleres y tanto los diputados brasileños que apoyan el impeachment como los venezolanos que quieren sacar a Maduro del gobierno protagonizaron un escándalo en la sede del Parlasur y ahondaron la fractura del bloque.

En este escenario, el Alba y sus fuerzas aliadas están ante la disyuntiva de limitarse a defender figuras y principios generales amarrados a la democracia capitalista, o enarbolar una institucionalidad superadora de la que ahora cruje y se desmorona. Una conducta dificultaría y eventualmente impediría la consustanciación con las masas que de una u otra manera han rechazado o abandonado a gobiernos que dejaron de representarlas. La contraria, haría posible un encuentro capaz de cambiar el rostro ideológico-político de la región.

Con diferentes características se hace visible en la mayoría de los países suramericanos la prolongada fase de inestabilidad abierta por la situación brasileña. Allí está en disputa el corazón y la conciencia de las grandes mayorías. El capital lanza toda su poderosa panoplia a esa batalla. Resta comprobar, para decirlo con palabras de Bolívar, si en las filas de la revolución se han acumulado “moral y luces” en el elevado grado que el momento histórico reclama.

Detrás del caos, la recesión

Por debajo de las disputas políticas se agrava una recesión que no da tregua. Según estimaciones del Banco Central, la retracción del PIB será este año de 3,9%, similar a la de 2015, de 3,8%.

Datos oficiales registraron que febrero fue el decimocuarto mes consecutivo de declive para la actividad económica, con un descenso de 4,5% respecto al mismo mes del año pasado. El actual proceso recesivo se inició el segundo trimestre de 2014 y para cuando termine el año el PIB habrá caído un 9% desde entonces, según las previsiones.

La industria es el sector más castigado: se desplomó un 11,8% interanual en el primer bimestre y completó dos años ininterrumpidos de caída, llevando la producción a los niveles de diciembre de 2008. Las peores cifras son las de las automotrices: -29,1% en febrero en comparación con el mismo mes de 2015.

Marzo dejó en evidencia que estos números negativos ya tienen un impacto social directo. En apenas un mes se perdieron 118.776 puestos de trabajo formales, con caída del empleo en todos los sectores menos la administración pública. El primer trimestre del año terminó con casi 320 mil despidos y un total de 1,8 millones en los últimos 12 meses. El comercio, la industria, la construcción y los servicios, en ese orden, presentan las situaciones más graves, cuando la desocupación nacional ya roza el 10% y sigue en aumento.

La disputa principal pasa ahora por cómo se resuelve el déficit fiscal, que provoca un mayor endeudamiento. A comienzos de mes, la presidente Dilma Rousseff había admitido que enfrentaba “un escenario fiscal difícil”, pero también ratificó que no iba a “sacrificar proyectos que son fundamentales para retomar el desarrollo y para el futuro de Brasil”, como los programas sociales más sensibles y los proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas. El vicepresidente Michel Temer, quien probablemente asuma en su reemplazo este mes, se mostró en cambio mucho más proclive al recorte de políticas sociales y planea reducir la ayuda social únicamente al 10% más pobre. También se especula con que el empresariado pretende llevar al Congreso una Reforma Previsional y otra Laboral para elevar la edad jubilatoria y profundizar la tercerización de los contratos de trabajo.

 

El impeachment y el futuro de Brasil

 

El día después

 

Por Jan Rocha

 

El juicio político a la presidente Dilma Rousseff avanzó a paso acelerado luego que el 17 de abril la Cámara de Diputados aprobara su envío al Senado con 367 votos a favor (sobre 342 necesarios), 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias.

Los diputados se tomaron seis ruidosas horas para anunciar sus votos a favor o en contra. Muchos analistas coincidieron en afirmar que fue un espectáculo deprimente por varios motivos. Desde temprano, en el centro de San Pablo hubo una masiva protesta contra lo que los manifestantes llaman “el golpe”. Bajo el calor de la tarde, personas de todas las razas, clases y edades confluyeron para ver la sesión del Congreso en una pantalla gigante bajo el puente Viaduto do Chá.

Ver a los más de 500 diputados alineados para votar, uno por uno, recordó lo poco representativos que son: apenas un puñado de mujeres, media docena de afro-brasileños como Benedita da Silva o Vicentinho y ningún indígena. La abrumadora mayoría eran hombres blancos bien afeitados y en perfectos trajes. Muchos de los más jóvenes parecían sacados de un desfile de modelos masculinos, lo que dice mucho sobre el criterio imperante para la selección de candidatos.

Sólo dos de los que votaron por el impeachment mencionaron el motivo legal por el que se la juzga a Dilma: las alegadas maniobras fiscales y presuntos decretos ilegales. La mayoría de los diputados se comportó en cambio como si hubiera sido elegida no para representar a sus electores sino a sus iglesias o familias y, conscientes de que todo Brasil los estaba mirando, enviaron sentidos saludos a esposas, hijos, madres, nietos; incluso hubo menciones para tíos, sobrinos y bebés por nacer.

Muchos de ellos flamearon la bandera nacional o la de sus respectivos Estados. Podía verse a un diputado de Río de Janeiro, que se posicionó detrás del micrófono desde donde eran leídos los votos, limpiarse la frente sudada con la bandera del país.

Algunos de los que votaron por el impeachment eran ex militares u oficiales de policía, como el ex teniente del ejército Jair Bolsanaro, que con placer le dedicó su voto a “los militares de 1964” (año del golpe de Estado al presidente electo João Goulart) y a la memoria del fallecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estaba a cargo del centro militar donde Dilma fue torturada cuando era prisionera política.

Varios diputados, incluidos algunos de los que votaron por el impeachment , protestaron contra la presencia de quien presidió la sesión, Eduardo Cunha, formalmente acusado de recibir sobornos, tener cuentas no declaradas en bancos suizos y lavar dinero, cuyo caso espera la Corte Suprema. De los 513 diputados, 299 están acusados de varios delitos, principalmente de malversar fondos. El Pmdb, partido del vicepresidente Michel Temer, tiene a 43 de sus 67 diputados en la lista de acusados, incluyendo a Cunha.

Entre los que mencionaron la corrupción, un diputado dijo que estaba avergonzado de participar en una farsa conducida por un ladrón. Otro le dijo: “Eduardo Cunha, sos un mafioso, huele a azufre en el aire”. También se escucharon frases como: “Este evento será conocido como la mayor farsa en la historia política brasileña, un circo”; “Dilma es una presidente honesta juzgada por una corte de excepción”; “el tiempo de ustedes va a llegar, van a pagar y van a estar presos. Este proceso es artificial”. Una de las diputadas fue abucheada y callada cuando gritó: “Dios mío, qué hipocresía, qué cobardes: quieren una solución para sus problemas, no para los problemas del país”.

Mucho de los que votaron contra el impeachment le dedicaron su voto a héroes políticos: Marighela, Luis Carlos Prestes, las 21 personas asesinadas por la Policía Militar en la masacre de Eldorado dos Carajás (Pará), de la que se cumplían 20 años ese mismo día, 17 de abril.

Ya se votó

Cuando se conoció el voto número 342, ya con la mayoría de dos tercios, las multitudes de manifestantes pro- impeachment reunidas en las calles de muchas ciudades gritaron eufóricas y dispararon fuegos artificiales. Sonaron cacerolazos en muchos lugares.

El resultado fue una resonante derrota para el Gobierno, después de días de intensas negociaciones de Lula con miembros de partidos que hasta muy recientemente habían respaldado al gobierno de Dilma, algunos de ellos con cargos ministeriales. Una edición especial de la Gaceta Oficial con cientos de nuevas designaciones, hechas para comprar votos, fallaron en su objetivo.

En cambio, la puja por corazones y mentes fue ganada ostensiblemente por el vicepresidente Temer, quien espera asumir la presidencia una vez que el Senado vote para aceptar el proceso de impeachment e investigación y Dilma sea suspendida por hasta 180 días. Antes del voto, Lula sabía que la batalla estaba perdida, pero el margen fue mucho mayor de lo esperado.

La semana anterior sirvió para instalar todo tipo de rumores maliciosos en las redes digitales. Entre ellos, que Dilma habría confiscado cuentas bancarias y ahorros –a la Collor (Fernando Collor de Melo, presidente de Brasil de 1990 a 1992, quien renunció poco después de ser enjuiciado por corrupción), mientras dirigentes empresariales advertían que la economía colapsaría si ella continuaba en el poder.

En un accionar bochornoso, la policía federal anunció que arrestaría a todo extranjero hallado en los actos de protesta, acusando a movimientos sociales de transportar bolivianos para acrecentar sus manifestaciones. Esto llevó al absurdo espectáculo de que 300 agentes inmobiliarios bolivianos que habían viajado para conocer propiedades en Goias, fueran temporalmente detenidos.

La policía de San Pablo también atacó la sede de los Gaviôes do Fiel, seguidores del popular equipo de fútbol Corinthians, y confiscó banderas y réplicas de ataúdes para políticos de San Pablo involucrados en escándalos de corrupción con meriendas escolares, después de mostrar un video crítico del impeachment . La notoria protesta de los hinchas de Corinthians en el centro de San Pablo el viernes 15 por la noche, cuando cantaron consignas contra la corrupción del gobierno estadual (del Psdb), no fue reportada por los principales medios de prensa.

¿Y ahora qué con el PT?

El Comité Ejecutivo del PT se reunió el 19 de abril para discutir alternativas. Algunos quieren que Dilma renuncie y haga un llamado a elecciones inmediatas. Pero para eso se necesita que el Congreso apruebe una enmienda constitucional, algo improbable dado que, habiendo puesto sus manos sobre el poder, el Pmdb –principal fuerza parlamentaria– correría el riesgo de perderlo. Además, Dilma no mostraba signos de abandonar el cargo antes de ser forzada a hacerlo. En conferencia de prensa el lunes 18 dijo que lucharía hasta el final, como lo hizo durante la dictadura.

La propuesta de elecciones anticipadas tiene apoyo especialmente porque sondeos de opinión muestran que Temer es tan impopular como Dilma y una mayoría querría verlo también ante un juicio político. De hecho, la petición de impeachment para Temer fue presentada al presidente de la Cámara Baja, pero Eduardo Cunha no mostró voluntad de tratarla con la velocidad que empleó con Dilma. Es más probable que esto se convierta en materia de negociación, como lo fue la demanda contra la Presidente, para asegurar que el caso contra el mismo Cunha en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados quede archivado. Por su parte, una vez en el poder Temer probablemente hará que el caso de corrupción contra Cunha desaparezca de alguna manera.

El saldo es que nadie sabe qué hacer. La estrategia de Lula, de pedir a políticos notoriamente maleables que voten contra el impeachment a cambio de favores, fracasó. La movilización sindical, cuando casi 10 millones han perdido el empleo, será difícil de conjurar. Los movimientos sociales fueron ignorados por el gobierno hasta que los necesitaron y ahora son ellos la fuerza principal para enfrentar las previsibles políticas salvajes de un gobierno de Temer.

Desde San Pablo

 

Qué rumbo tomará el descontento popular

Brasil después de la democracia

Ignacio Días

 

¿Y ahora qué? La pregunta resuena en cada rincón de América Latina. La incógnita por el futuro del país más grande de la región está instalada en casi todas las sedes de gobierno del mundo y miles de organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las consecuencias de lo que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (jui­cio político) sin base jurídica llegó hasta la última instancia, puso al mando del país a un Presidente no electo y revirtió una deci­sión tomada en las urnas por 54 millones de personas hace menos de dos años.

La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la notoria pérdi­da de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff, plantea un dilema central para el futuro nacional y latinoamericano. Si las democracias bur­guesas se sostienen en base al voto de los ciudadanos casi como única instan­cia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el descontento social sin esa posibilidad?

El sistema político brasileño está atra­vesado por la corrupción, como mues­tran los avances judiciales del proceso denominado Lava Jato, y cada vez se aleja más del grueso de la población, que reclama elecciones anticipadas para ele­gir un nuevo presidente. Michel Temer apenas tiene el apoyo de entre el 10 y 14% de los brasileños según encuestado­ras pero, sin haber sido elegido, podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1 de enero de 2019.

Giro político

El débil gobierno al mando del país se propone tareas de gran magnitud e impo­pularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña base de sustentación social. La silbatina masiva que recibió en la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y lo hizo desistir de participar de la cere­monia de cierre junto al primer ministro japonés Shinzo Abe (Tokio será la próxi­ma sede olímpica) le demostró a Temer que su punto de partida es el repudio ge­neralizado.

Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque necesita garanti­zarse un margen mínimo de gobernabili­dad. La Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp) y otras importantes organi­zaciones empresariales, los grandes capi­tales extranjeros (“los mercados”) y fuer­zas políticas de derecha como el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) son sus verdaderos apoyos. A cambio, debe llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por eso el Psdb no afloja la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra la candidatura Rousseff-Temer de 2014 por financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la elección. No buscan eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal.

Temer tendrá su primera presenta­ción internacional el 4 y 5 de septiembre en China, en la cumbre del G-20. Allí bus­cará celebrar reuniones bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con China y captar inversiones extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde la suspensión de Dilma.

Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa que burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en cuanto sea posible: las refor­mas laboral y jubilatoria y una enmienda constitucional para impedir el aumento real del gasto público. Los contenidos: aumento en diez años de la edad mínima jubilatoria y en cinco años el tiempo ne­cesario de las contribuciones; reducción de derechos laborales como el aguinaldo, horas extras, vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va a imponer que las reglas del trabajo sean firmadas solo entre las dos partes, obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la venta de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile.

A esto hay que sumarle medidas con­cretas contra la agricultura familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las fronteras a los refugiados si­rios; recortes en programas educativos; eliminación de la exclusividad de Petro­bras para la explotación de los yacimien­tos de petróleo en aguas profundas; re­tiro del paquete de leyes anticorrupción enviado por Dilma al Congreso.

Otro giro de envergadura se desenvuel­ve ya en el campo de la política interna­cional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación de Venezuela al Mercosur, trabajó en la edi­ficación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancille­ría, Brasilia se desplaza nuevamente hacia la órbita de Washington.

Obstáculos sociales

En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es cuánto margen social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más allá de tener el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Has­ta ahora, decenas de fuerzas sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han organizado en torno al Frente Brasil Po­pular, para formar una gran alianza “en defensa de la democracia y de otra políti­ca económica”. Si bien su objetivo inme­diato fue enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se reunieron en torno a cuatro puntos: defensa de los de­rechos de los trabajadores; ampliación de la democracia y la participación popular; campaña por reformas estructurales (del Estado, política, del poder judicial, de la seguridad pública, de los medios de co­municación, agraria, urbana, de salud, de la educación y tributaria) y defensa de la soberanía nacional.

Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal del PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de existencia y tienden a la con­fluencia. Sin embargo todavía no ha ha­bido grandes movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social, los que salen a las calles por ahora son sólo los militantes.

Ante la posibilidad del llamado a una huelga general, Stedile explicó que “el movimiento sindical encuentra dificultades. Hace 28 años no se realiza en el país una huelga política y la clase obrera, muy joven, no tiene experiencia. Por eso esta­mos discutiendo con las bases la practici­dad de una huelga general”. Pero advirtió que “la lucha de los campos se intensifica­rá”, con crecientes movilizaciones y ocu­paciones de tierras. “Hay un proyecto de ley para liberalizar la venta de las tierras brasileñas al capital extranjero. Los movi­mientos campesinos han amenazado que si el proyecto se convierte en ley, cada ha­cienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupada”, desafió.

Pese a las dificultades y la fragmenta­ción actual, las condiciones para la re-emergencia del movimiento popular bra­sileño ya están dadas y su poder potencial es demasiado grande para un gobierno que carece de apoyos significativos en la población. Aunque en lo inmediato no se espera una explosión social que revierta la acción del Congreso, no se puede descar­tar una salida anticipada de Temer.

Otro frente para el ex vicepresidente de Dilma es el judicial. Si bien la ley protege al Presidente contra cualquier denuncia por delitos cometidos antes de asumir el car­go, la declaración del empresario Marcel Odebrecht (de la constructora más grande del país) en el caso Lava Jato amenaza con reducir todavía más la popularidad de Temer, que le habría pedido dinero para la campaña de 2014, canalizado ilegalmente a través de Petrobras. Su círculo de fun­cionarios también puede sucumbir ante las delaciones de los “arrepentidos”. Entre ellos José Serra, acusado por el empresario de recibir 23 millones de reales “por fuera” para su campaña presidencial de 2010.

Pese a todo, una de las ruedas institucio­nales sigue su movimiento y los partidos ya están en campaña para las elecciones municipales del 2 de octubre. A un mes de la votación, predominan las denuncias cru­zadas de corrupción y otros delitos contra una larga lista de candidatos. Será la pri­mera vez que los partidos se sometan a las urnas desde que las investigaciones judi­ciales por corrupción salpicaron a miem­bros de casi todas las fuerzas políticas. La prueba es importante para el PT, el Psdb y el Pmdb de Temer. Para el partido de Lula, al que algunos exigen que se lo declare ile­gal, el eje está puesto ahora en la moviliza­ción social.

Obstáculos económicos

La continuidad de la recesión, con una caída del PIB estimada en 3,5% para este año, el desempleo por encima del 11% y el alto déficit fiscal ensombrecen los pro­nósticos favorables que busca instalar el gobierno de Temer. Según el presidente en funciones la economía ya da “señales de recuperación”, las empresas y familias elevan la confianza y en 2017 Brasil vol­verá a crecer. Una de las señales serían las ganancias que los capitales financieros es­tán obteniendo en la Bolsa de San Pablo. Otra es la fuerte apreciación del real frente al dólar durante los últimos ocho meses.

La principal exigencia empresarial es la reducción del déficit. Pero el Pmdb profundizó el rojo de las cuentas fiscales al aumentar salarios de funcionarios pú­blicos y jueces y multiplicar la cantidad de cargos para nombrar en el Congreso, con la inconfundible intención de garan­tizar el avance y aprobación definitiva del proceso de impeachment. Este año el déficit no bajará de los 170 mil millones de reales (53 mil millones de dólares) y la meta para 2017 es llevarlo a 139 mil millones de reales (43 mil millones de dólares) con los ingresos que se esperan de las privatizaciones.

En el terreno industrial, la producción fabril aumentó 1,1% de mayo a junio, pero registró una caída interanual de 6% y una baja semestral de 9% según información oficial. Datos de julio mos­traron el desplome de la producción de automóviles: 15,3% en doce meses por una merma de 20,3% en la demanda de nuevos vehículos.

Los 12 millones de brasileños desem­pleados y los 10,3 millones a los que se considera “trabajadores informales”, incluyendo los que pasan el día en los semáforos, y ganan hasta medio salario mínimo (440 reales) siguieron creciendo en los últimos meses, según datos de la FGV.

Pese a la falta de empleos, Temer cortó de inmediato el plan de vivienda guberna­mental, que procuraba construir dos mi­llones de casas en dos años y generar 1,3 millones de empleos, según cálculos de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Futuro del PT

El 16 de agosto Dilma y Lula fueron for­malmente imputados y serán investigados por “obstrucción de la justicia” en el caso Lavo Jato, que develó el esquema de sobor­nos pagados por grandes constructoras con eje en la estatal Petrobras. La acusación seña­la que estaban al tanto del sistema de coimas y quisieron bloquear las investigaciones.

Lula eligió apostar a una campaña inter­nacional para denunciar una persecución política y judicial en su contra, cuyo fin se­ría impedir su candidatura en 2018. Busca reconstruir el PT desde la movilización de las bases en las calles.

Dilma decidió enfrentar a los senado­res y dar un mensaje público al pueblo brasileño en apoyo a la convocatoria a elecciones anticipadas. Propuso un pac­to por la unidad nacional, el desarrollo y la justicia social como “único camino para salir de la crisis” y sostuvo el lema “ni un derecho menos”. También habló del “agotamiento del sistema político” y planteó que es necesario “superar la frag­mentación de los partidos, transparentar el financiamiento electoral, fortalecer la fidelidad partidaria y dar más poder a los electores”. Por último, defendió con ar­gumentos claros su honestidad y señaló la ilegalidad del impeachment, pero no hizo autocrítica sobre el rumbo que im­primió a su gobierno el año pasado tras dar la espalda a sus votantes.

¿Se recuperará el PT de este último golpe? Es la gran incógnita. Y no sólo para Brasil. El partido estaba debilitado, desmotivado y desmovilizado hace tiempo. Su posibilidad de resurgir depende ahora de la reacción social que provoquen el golpe y el nuevo programa de gobierno.

Fuente: http://americaxxi.com.ve/